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PROTECCIÓN DE DATOS

Al cumplirse un mes de vigencia de la norma para la Protección de Datos o Habeas Data, el superintendente para la Protección de Datos, José Alejandro Bermúdez recordó que hasta $1180 millones en multas podrán recibir las empresas que abusen de la utilización de información personal de sus usuarios.

El funcionario explicó que se trata de una norma que estableció el Gobierno Nacional que busca que las compañías que hagan tratamientos de información no violen las normas de protección y además pidan autorización de los ciudadanos para manejar sus datos.

 Señaló que el decreto fue expedido exactamente hace un mes y desde entonces las empresas deben comunicarse con los titulares por el canal que siempre usan, ya sea correo electrónico o por vía telefónica y ellos a su vez deben responder autorizando la utilización de su información.

 Sin embargo este sábado 27 de julio se cumplió el plazo para que las empresas que manejen bases de datos con algún propósito y quieran continuar haciéndolo, contacten a sus clientes a través de mecanismos alternos

 Aclaró que los mecanismos alternos se les llaman a las publicaciones de dicha notificación que se hacen a través de diarios de circulación masiva en el país y que solo los deben usar aquellas empresas que no puede contactarse directamente con los usuarios.

 “Lo que se debe solicitar por parte de las empresas es la autorización del titular para seguir usando los datos, los usuarios deben responder notificando su deseo de que les sigan enviando información de determinada índole” puntualizó.

 Adicionalmente la norma menciona que si en el término de treinta días no se ha recibido notificación por parte del titular, la empresa podrá seguir haciendo uso de sus datos, aunque el usuario no perderá el derecho de cancelar su contacto con la compañía.

 Por otro lado recordó que “no hay en ningún caso, una posibilidad de que las compañías traten los datos para una finalidad diferente a la que se contrató inicialmente”.

Señaló que se trata de conductas ilegales porque la información no puede ser trasladada a un tercero y en esos casos la ley permite que la Superintendencia de Industria y Comercio adelante una investigación.

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